El pasado 23 de marzo, un tribunal arbitral integrado en sede del CIADI por los árbitros Eduardo Zuleta-Jaramillo (Colombia), Horacio Grigera Naón (Argentina) y Gabriel Bottini (Argentina), falló contra el Estado venezolano por la expropiación del grupo Agroinsumos Ibero-Americanos, S.L., decretada por Hugo Chávez en octubre de 2010, sin haber pagado la compensación correspondiente.
El grupo español demandó ante el CIADI en julio de 2016 (ICSID Case No. ARB/16/23) por una expropiación que se suma a más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas decretadas por Venezuela hasta 2020, según reporte de CEDICE-Libertad.
Esta vez se condenó a Venezuela al pago de 1.629 millones de dólares como compensación por la expropiación sin compensación, violatoria del Acuerdo Bilateral de Protección de Inversiones entre Venezuela y España. A esta suma se añadirán los intereses al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.
Venezuela también debe pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento y 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.
Según el mismo informe de CEDICE “La deuda externa gubernamental (la deuda por bonos de la República y PDVSA, laudos arbitrales y expropiaciones) es aproximadamente 162 millardos de dólares, monto que es 2,3 veces mayor que nuestro PIB”.
